Contraloría corrobora participación de exfuncionaria del Gore Araucanía en Comisión que aprobó proyecto de Fundación que posteriormente la contrató

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Según el medio Resumen.cl, Contraloría de La Araucanía indica que una exfuncionaria participó en la aprobación de cuatro programas elaborados por Fundación Local. En uno de los proyectos, vinculado al rubro agrícola y cuyo financiamiento alcanza los 335 millones de pesos, la trabajadora apareció -tras haber salido del Gore- como encargada de la supervisión técnica y de cuentas de la Fundación Local, siendo esto revisado y aprobado por el Gore.

(Información del portal Resumen.cl) El 9 de noviembre, Contraloría General de La República (CGR) emitió la primera parte de una seguidilla de informes finales elaborados a nivel nacional en el contexto de las investigaciones del “Caso Convenios”. En la misma línea, la Contraloría Regional de La Araucanía se suma a la realización de los informes, revisando más de 16 materias vinculadas al Gobierno Regional y sus presuntos convenios irregulares con fundaciones.

En dicho oficio, se menciona a la polémica Fundación Local, la cual ha sido altamente cuestionada durante los últimos meses producto del gran financiamiento que ha recibido desde el Gobierno Regional, además de los presuntos vínculos que posee el gobernador Luciano Rivas con Héctor Troncoso, el representante legal de la fundación. El gobernador Luciano Rivas se encuentra actualmente en calidad de imputado en una de las querellas ingresadas a Fiscalía Regional producto de la serie de irregularidades que se han detectado en los convenios concretados durante su mandato.

Fundación Local y el GORE

Una de las instituciones más sonadas a lo largo de las investigaciones realizadas en La Araucanía ha sido Fundación Local, la cual posee su domicilio en Viña del Mar y mantiene a Héctor Troncoso como su presidente y representante legal. A principios de junio, la fundación fue indagada tras adjudicarse un proyecto de 2 mil millones de pesos por parte del Gobierno Regional de La Araucanía para una iniciativa de reciclaje en la comuna de Padre Las Casas, siendo acusada posteriormente por no contar experiencia en el rubro.

Lo anterior fue respaldado por Contraloría, la cual, en su informe final, indica que “se advierte que Fundación Local al momento de firmar los convenios, sólo tenía vigente la actividad de “empresas de asesoría y consultoría en inversión financieras; sociedad”, esta actividad se encuentra vigente desde el 30 de marzo de 2021, lo anterior advierte que, recién el 27 de diciembre de 2022, la fundación obtuvo la autorización del SII para la ampliación del giro concerniente a “otros tipos de enseñanzas N.C.P” y “actividades de consultoría de gestión”, esto es, posterior a las negociaciones y aprobación de los convenios adjudicados”.

Si bien, al principio de las indagatorias, la Fiscalía Regional de La Araucanía investigó a Fundación Local por un convenio de 2 mil millones de pesos, Contraloría en la actualidad detectó en la primera parte de su informe un monto aún mayor. De los más de 17 mil millones de pesos fiscalizados por Contraloría al Gore, repartidos entre 25 convenios financiados durante 2022 y 2023, más de 9 mil millones de pesos pertenecen solamente a Fundación Local, la cual se adjudicó un total de 10 convenios según lo señalado en el informe.

En este mismo contexto, el organismo cuestiona la participación de una exfuncionaria que se integró al equipo de revisión de admisibilidad de cuatro proyectos adjudicados por Fundación Local y que, tras su cese de funciones en el Gore durante enero de 2023, sería contratada como encargada de la supervisión técnica y de cuentas por Fundación Local en una de las iniciativas que ella misma aprobó. Este proyecto, dirigido a mujeres del rubro agricultor, fue adjudicado por un total de 335 millones de pesos. El total del financiamiento del Gore a Fundación Local, en el cual influyó la aprobación de la trabajadora como parte de la comisión de las cuatro licitaciones, se estima en más de 3 mil millones de pesos.

Las gestiones realizadas por el Gore resultan especialmente comprometedoras, considerando que la institución revisó y aprobó la incorporación de la exfuncionaria a la iniciativa presentada por Fundación Local sin ninguna observación. “La situación advertida no se ajusta a los principios de transparencia, responsabilidad, control, eficiencia y eficacia dispuestos en los artículos 3°, inciso segundo, y 5°, de la anotada ley N° 18.575, que dispone que las autoridades y funcionarios deberán velar por la eficiente e idónea administración de los medios públicos y por el debido cumplimiento de la función pública”, detalla el informe en sus observaciones.

El informe también constató que existen socios de Fundación Local que, en la actualidad, “desempeñan funciones en distintos servicios públicos, el primero como profesional del Servicio de Impuestos Internos en la Región Metropolitana, desde 23 de marzo de 2012 a la fecha, y el segundo, como administrativo del Ministerio Público, específicamente en la Fiscalía Regional de Valparaíso desde el 6 de mayo de 2010 a la fecha”.

Sobre las medidas sancionatorias que estableció Contraloría respecto a las anteriores observaciones, la institución determina lo siguiente en sus conclusiones: “se indica que esta Entidad de Control instruirá un procedimiento disciplinario en el Gobierno Regional de La Araucanía, tendiente a determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en las irregularidades descritas”.

Además de las indagatorias relacionadas a los funcionarios y la exfuncionaria, Contraloría menciona otra irregularidad vinculada a Fundación Local. A finales de 2022, la institución se adjudicó tres proyectos financiados por el Gore, en los cuales se señala que en los acuerdos pactados, la fundación no emitió una garantía de pago para el cumplimiento del proyecto, el cual es uno de los últimos requisitos para concretar el proceso de adjudicación.

“Es oportuno indicar que los tres convenios de transferencias de recursos entre el Gobierno Regional de La Araucanía y Fundación Local, para el cumplimiento de los programas mencionados en la tabla N° 9 del presente informe, señalan en su cláusula décimo quinta, garantía, que en el caso que la entrega de recursos se efectúe en una sola cuota, la entidad receptora, con la finalidad de velar por el correcto uso de los recursos públicos que por este convenio se transfieren, se obliga a entregar una garantía, consistente en vale vista, póliza de seguro, depósito a plazo o de cualquier otra forma que asegure el pago de manera rápida y efectiva, para asegurar el total y oportuno cumplimiento de todas las obligaciones que se estipulen en el convenio”, explica el documento de Contraloría.

“La entidad, teniendo en cuenta lo estipulado en la cláusula décimo quinta de los convenios de transferencias y considerando además, que tal como lo indica ese servicio, la fundación en cuestión se ha mantenido renuente a entregar una boleta de garantía en los términos que indica la referida cláusula a pesar de habérsela solicitado en reiteradas oportunidades, el Gore se encuentra en la obligación de regularizar tal situación, para lo cual deberá tener presente lo estipulado en las cláusulas décimo segundas “término anticipado”, concluye Contraloría en el apartado.

Más irregularidades detectadas en los convenios financiados por el Gore

Además de los problemas identificados en los convenios de Fundación Local, existen una serie de anomalías vinculadas a la gestión administrativa del Gore. Una de ellas se señala en el punto 13.b del informe realizado por Contraloría, el cual detalla la manera en que diversas fundaciones no presentaron un plan de trabajo al momento de adjudicarse los convenios.

“Si bien, los referidos acuerdos mencionan componentes, a saber, objetivos específicos de los convenios donde alude a una actividad a realizar, en ellos no existe un plan de trabajo que dé cuenta de las acciones específicas y concretas que deben desarrollar las fundaciones, tampoco el presupuesto asociado a cada una de dichas actividades, además de no establecer una fecha de ejecución o incorporar una Carta Gantt de las mismas, por lo tanto no se advierten los fundamentos que permitieron validar las rendiciones técnicas y los respaldos de gastos, que fueron aprobados por el Gobierno Regional de La Araucanía”, indica el informe.

En otro apartado, Contraloría advierte el cambio de actividades de las Fundaciones FOLAB, EDUCC, Espacio Coigüe y Local. De las tres, en el documento “se constató en el punto 11.c que los cambios de giro de las fundaciones antes mencionadas acontecieron de manera posterior a la emisión de los actos administrativos que aprobaron la transferencia de recursos”, lo que indica que, al momento de adjudicarse los fondos, las instituciones no se encontraban habilitadas para realizar las actividades propuestas en los proyectos por no contar con experiencia comprobable.

Los resultados de las auditorías realizadas en el Gore fueron posteriormente distribuidos al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado según lo descrito al cierre del documento, lo que permitirá en el futuro confirmar o descartar antecedentes que constituyan materia de delito en la medida en que las investigaciones avancen judicialmente. Respecto al contenido de todos los informes emitidos a lo largo del país, Jorge Bermúdez, contralor general de la República, concluye lo siguiente durante un punto de prensa: “Lo que nosotros hemos determinado en los informes de auditoría son hechos objetivos que dan cuenta de observaciones, algunas de ellas que son muy relevantes, algunas de ellas que son constitutivas de falta de la prioridad, algunas de ellas que podrían ser constitutivas de delito y por eso estamos derivando al Ministerio Público”.

La querella interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado contra Folab y Educc

Este viernes, el Consejo de Defensa del Estado interpuso una querella criminal en contra de cuatro funcionarios públicos, jefes de distintas divisiones del Gobierno Regional de La Araucanía: Iván Alejandro Soriano Tenorio, Luis German Loyola González, Ítalo Andrés Flores Toro, Susan Claudia Alarcón Rubilar; y de los particulares Rinett Ortiz Rivera y Juvenal Ortiz Rivera, como autores del delito de Fraude al Fisco en calidad de reiterado. En el caso de los particulares, también se les imputa el delito de lavado de activos.

En la acción legal del CDE se explica que dichos funcionarios “defraudaron al Gobierno Regional de La Araucanía, conjuntamente con los querellados Rinett y Juvenal Ortiz Rivera, estos últimos actuando a través de las fundaciones Folab y Educc, que dirigen, al permitir los empleados públicos con sus acciones que al 27 de febrero de 2023, se les hubiera transferido a ambas fundaciones la totalidad de los recursos comprometidos, sin que a esa fecha se hubiera dictado una clase siquiera de las que se habían comprometido a realizar”, clases que fueron suspendidas indefinidamente a fines del mes de julio de 2023, que consistían en la capacitación de cuatro oficios ofrecidos y comprometidos en ambos convenios. A esa época, julio de 2023, ambas fundaciones realizaron sólo rendiciones parciales, Folab por el monto total de $36.352.913.-, y Educc por el monto total de $40.459.352.-, por lo que a la actualidad se encuentran sin rendir y se desconoce aún el destino final de $332.367.087.- entregados a Folab, y de $326.260.648.-, entregados a Educc.

La querella del CDE indica que Rinett y Juvenal Ortiz Rivera “realizaron una serie de transferencias electrónicas una vez que tuvieron a su disposición los fondos transferidos desde el Gobierno Regional de La Araucanía con el objeto de ocultar el origen ilícito de los bienes que lograron obtener tras defraudar al servicio público aludido y así lograr que ingresaran a distintas otras cuentas con el fin de ingresar dichos fondos o partes de los mismos al sistema financiero formal”.

Por Michelle Martínez, del portal de noticias Resumen.cl



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