Se querellan contra hijo de Sebastián Piñera por el delito de usura

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Acción es por el cobro de intereses abusivos en un préstamo a una empresa inmobiliaria.

Sebastián Piñera Morel, hijo del fallecido Sebastián Piñera, es acusado por el delito de usura, debido al cobro de intereses abusivos en un préstamo a una empresa inmobiliaria.

Según reveló el medio Interferencia, la querella fue presentada por Inmobiliaria Los Mogotes contra los responsables de la firma MásAval, una sociedad de garantía recíproca que prestaba servicios de aval para pequeñas y medianas empresas que buscaban acceder a créditos.

La acción judicial señala que Los Mogotes contrató los servicios de MásAval para solicitar un crédito de más de mil 300 millones de pesos entre junio y septiembre de 2019. Sin embargo, dicho crédito no fue solicitado a un banco, sino que fue otorgado directamente por dos sociedades vinculadas a los socios de MásAval: MA Capital y Addwise.

Lo anterior implicaría que MásAval habría evadido la Ley de Sociedades de Garantía Recíproca, ya que ésta prohíbe que los controladores de dicha sociedad entreguen créditos. Sin embargo, la querella señala que los controladores de MásAval crearon una sociedad paralela para entregar los préstamos con intereses mayores al tope legal.

Entre los 17 empresarios querellados por esta operación se encuentra nada menos que Juan Sebastián Piñera Morel, quien es socio de MásAval a través de BP Capital SpA, la que participa en Inversiones San Crescente, la que a su vez participa en MA Holding SpA, socia de MásAval.

Los otros controladores de MásAval que figuran en la querella son José Tomás Lavín Burgos, director legal de la auditora Deloitte; José Miguel Bulnes Valdés y Felipe Larraín Aninat, propietarios de Volcom; Bernardo Simián Soza, director suplente en Aguas Andinas; Franco Acchiardo Olivos, exdirector de Cruzados SADP; Alejandro Poklepovic Zegers; Gonzalo Pizarro Brignardello; Lucas Marinovic Carrasco y Cristian Rodríguez Silva.

“Todas estas sociedades, en la práctica, corresponden a una unidad de negocios, desarrollada específicamente así con dos finalidades, vulnerar la prohibición legal de objeto exclusivo y vulnerar la normativa sobre límite de intereses en las operaciones crediticias. Se trata de un sistema integrado, destinado a aumentar ficticiamente la deuda de las víctimas”, denuncia la parte querellante.



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